Para enfrentar la crisis de vivienda, la ciudad de San José ha ampliado significativamente su programa de exenciones fiscales dirigido a desarrolladores inmobiliarios, otorgando incentivos que superan los $12 millones en lo que va del año.

El Ayuntamiento votó por unanimidad, en sesiones pasadas, para aumentar de 1,500 a 1,800 las unidades residenciales que podrán acogerse a una reducción del 50 % en impuestos comerciales, residenciales, de parques de casas móviles y de construcción. Este beneficio estará disponible hasta fin de año a través del programa de incentivos para viviendas multifamiliares.

La ciudad también aprobó exenciones fiscales específicas por $4.1 millones para un proyecto de 278 apartamentos de Urban Catalyst, sumándose a un recorte anterior de $4.9 millones para The Hanover Company, y a la exención de $20 millones en tarifas de parques por otro megaproyecto de 1,472 viviendas en el norte de la ciudad.

“El programa está teniendo un repunte notable”, declaró Erik Soliván, director de Vivienda de San José. “La demanda creció más de lo previsto, y queremos aprovechar ese impulso”.

El alcalde Matt Mahan defendió con vehemencia las medidas, subrayando que es momento de eliminar las barreras al desarrollo. “Necesitamos más viviendas, punto. No podemos seguir atados a zonas o tarifas cuando la ciudad atraviesa una crisis habitacional”.

La iniciativa, que reduce las cargas fiscales incluso a desarrolladores que no cumplen con el 15 % obligatorio de vivienda asequible, ha generado tanto entusiasmo como polémica. Federal Realty, por ejemplo, podría recibir un reembolso retroactivo de $3.4 millones por un proyecto estancado desde 2016 que ahora busca reactivarse.

REPERCUSIONES DEL PLAN

La aprobación final de ese reembolso se decidirá el 10 de junio, en una audiencia pública que promete ser clave para el futuro de este ambicioso plan.

La decisión de San José de ampliar las exenciones fiscales para desarrolladores inmobiliarios refleja una estrategia agresiva para combatir la crisis de vivienda, pero también plantea preguntas incómodas sobre equidad y prioridades públicas.

Al ofrecer millones en recortes de impuestos a empresas privadas —incluso a aquellas que no cumplen con los porcentajes de vivienda asequible— la ciudad apuesta por acelerar la construcción, aunque a costa de renunciar a ingresos clave y posiblemente a compromisos sociales, explican los especialistas.

Si bien es cierto que los incentivos pueden destrabar proyectos estancados y generar dinamismo económico, también existe el riesgo de que se privilegie el lucro sobre el acceso a viviendas dignas y accesibles. La inclusión retroactiva de Federal Realty al programa, a pesar de que su proyecto lleva años sin ejecutarse, evidencia cierta flexibilidad que podría volverse peligrosa si no se regula con firmeza.

En una ciudad donde los precios de la vivienda se disparan y miles de personas luchan por mantenerse, facilitar desarrollos sin exigir responsabilidad social podría terminar agravando las desigualdades. El desafío será medir si estas exenciones se traducen realmente en más viviendas accesibles, o si solo benefician a un puñado de grandes actores del sector. El balance entre desarrollo y justicia social será clave.