Mientras la Legislatura estatal discute proyectos de ley que buscan frenar los abusos de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, las empresas alertan por los altos costos de implementación.

La inteligencia artificial (IA) ya no es un concepto futurista, sino una realidad que cada vez pesa más en el mundo laboral. En California, estado donde conviven las mayores empresas tecnológicas y más de 19 millones de trabajadores, legisladores y sindicatos impulsan un paquete de proyectos de ley que pretende poner límites al uso de algoritmos en la gestión del empleo. La pregunta que domina el debate es si los costos de implementar estas regulaciones terminarán frenando su aprobación.

El principal Proyecto de Ley Senatorial 7 (SB 7), que obligaría a los empleadores a notificar con 30 días de anticipación cuando vayan a usar IA para tomar decisiones relacionadas con contrataciones, ascensos, despidos o remuneración. Además, prohibiría que las empresas hagan predicciones sobre un trabajador basadas en su salud, estado psicológico, estatus migratorio o antecedentes familiares.

“Tenemos que establecer barreras contra todo tipo de vigilancia y herramientas de inteligencia artificial para garantizar que los trabajadores tengan la privacidad, el respeto y la autonomía que merecen”, afirmó Lorena González, presidenta de la Federación de Sindicatos de California (AFL-CIO), que respalda la medida junto con otras dos propuestas enfocadas en la regulación de la vigilancia laboral.

Temor al costo

El senador Jerry McNerney, autor de la SB 7, advierte que la “carrera por usar la IA” en las empresas no siempre busca eficiencia, sino también desplazar trabajadores. Sin embargo, reconoce que el costo de aplicar la norma podría convertirse en un obstáculo: una evaluación preliminar calculó que su cumplimiento exigiría más de 600 mil dólares al estado, sin contar los gastos de agencias y empleadores.

Organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio de California sostienen que el proyecto encarecerá la operación de las compañías. “Los costos de auditorías, capacitación, retención de datos y posibles demandas podrían socavar muchos de los servicios que hoy se ofrecen a un costo razonable”, advirtió Peter Leroe-Muñoz, asesor del Grupo de Liderazgo de Silicon Valley, que agrupa a gigantes como Apple, Google y Microsoft.

Riesgos invisibles

Estudios recientes muestran que los sistemas algorítmicos no son neutrales. Herramientas de reclutamiento han descalificado a candidatos por criterios arbitrarios como la raza, el sexo o incluso el uso de gafas. En algunos casos, la IA ha detectado organizadores sindicales o automatizados patrones de discriminación.

“Hoy en día la gente ni siquiera sabe cuándo una máquina está decidiendo cuánto ganará o si conseguirá un empleo”, señaló la investigadora Veena Dubal, quien considera que la notificación obligatoria es apenas un primer paso. “Estos algoritmos ya influyen en los ingresos de las personas y los costos los estamos pagando todos los contribuyentes”.

Opinión pública dividida

Una encuesta reciente de TechEquity a 1,400 californianos revela que el 70% cree necesario aprobar leyes para proteger a la población de los posibles daños de la IA. No obstante, casi seis de cada diez consultados temen que los beneficios de esta tecnología terminen concentrándose en los más ricos, dejando atrás a la clase media.

Mientras tanto, los proyectos de ley SB 7 y AB 1018 avanzan lentamente en el calendario de la Legislatura. Allí, cientos de propuestas son evaluadas según su costo, y muchas se frenan fuera del escrutinio público. Solo dos de cada tres logran llegar al pleno para su votación final.

Para Dubal, el desenlace será decisivo: “Si estas iniciativas fracasan, será la señal de que la regulación de la IA en California se ha estancado. El futuro del trabajo no puede quedar a merced de algoritmos opacos y sin control”.