El condado de Santa Clara, junto con la ciudad de San Francisco, ha presentado una demanda federal contra el Departamento de Educación de Estados Unidos, acusando a la administración del presidente Donald Trump de politizar y restringir ilegalmente el acceso al programa de condonación de préstamos estudiantiles para el servicio público (PSLF, por sus siglas en inglés).

La medida, presentada ante un tribunal federal, forma parte de una coalición nacional integrada por gobiernos locales, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro que consideran que la nueva norma pone en riesgo el futuro financiero de miles de trabajadores públicos —entre ellos maestros, enfermeros y socorristas— y socava la capacidad de los gobiernos locales para retener personal esencial.

“Esta norma es profundamente peligrosa y patentemente ilegal”, advirtió Tony LoPresti, abogado del condado de Santa Clara. “Politiza la elegibilidad para la condonación de préstamos y castiga a los servidores públicos más dedicados. El condado emplea a más de 24 000 trabajadores comprometidos, y defenderemos sus derechos ante los tribunales”.

Un programa vital para quienes sirven a la comunidad

El programa PSLF, creado por el Congreso en 2007 con apoyo bipartidista, condona el saldo restante de los préstamos estudiantiles federales tras 120 pagos mensuales realizados mientras la persona trabaja a tiempo completo en una agencia gubernamental o una organización sin fines de lucro. Para muchos empleados públicos en regiones de alto costo como el Área de la Bahía, el programa representa una vía para alcanzar estabilidad económica.

El fiscal municipal de San Francisco, David Chiu, señaló que la nueva norma “rompe una promesa del Congreso” y viola las leyes federales que protegen la elegibilidad de los empleados del sector público.

“La administración federal no puede asumir el papel del Congreso ni castigar a los trabajadores que dependen de este alivio de la deuda simplemente por no compartir sus posiciones políticas”, declaró Chiu.

Qué cambia con la nueva norma

El Departamento de Educación anunció el 30 de octubre una redefinición de “empleador calificado”, excluyendo a organizaciones que —según el gobierno federal— participen en actividades ilícitas o tengan “propósitos ilegales sustanciales”. Entre ellas, menciona grupos acusados de facilitar la inmigración irregular o realizar procedimientos médicos prohibidos en menores.

El subsecretario de Educación, Nicholas Kent, defendió la medida argumentando que el objetivo es “restablecer el propósito original del programa” y evitar que fondos públicos subsidien actividades ilegales.

“El PSLF fue concebido para apoyar a quienes dedican su carrera al servicio público, no para financiar organizaciones que infringen la ley”, sostuvo Kent. “Con esta norma, la administración garantiza que los beneficios lleguen a los verdaderos héroes de nuestras comunidades”.

Sin embargo, para los gobiernos locales y organizaciones demandantes, la norma abre la puerta a una interpretación arbitraria y partidista que podría excluir a instituciones solo por tener políticas o servicios que desagradan a la administración federal.

Impacto directo en Santa Clara y el Área de la Bahía

El condado de Santa Clara, con su amplia red de hospitales públicos, escuelas, servicios de emergencia y programas sociales, depende del PSLF para atraer y retener talento en un mercado laboral dominado por el alto costo de vida.

“Muchos de nuestros enfermeros, maestros y trabajadores sociales han podido mantenerse en el servicio público gracias a este programa. Si se restringe por motivos políticos, corremos el riesgo de perder a quienes más necesitamos”, advirtió LoPresti.

San Francisco, por su parte, ha utilizado el programa como herramienta de estabilidad laboral: su Oficina de Empoderamiento Financiero ayudó el año pasado a más de 2 100 empleados municipales a inscribirse en el PSLF.

Una coalición amplia por la justicia educativa

La demanda cuenta con el respaldo de Boston, Chicago y Albuquerque, además de organizaciones nacionales como la Federación Estadounidense de Maestros, la Asociación Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro. Los demandantes son representados por los grupos Protect Borrowers y Democracy Forward, que acusan al Departamento de Educación de violar la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Educación Superior.

El objetivo es suspender la entrada en vigor de la norma y preservar el acceso al programa para todos los empleados públicos y sin fines de lucro, sin distinción ideológica.

“El Congreso prometió que quienes sirvieran a su país recibirían alivio por sus deudas estudiantiles. La administración no puede reescribir esa promesa según sus intereses políticos”, subraya la demanda.

Una batalla que trasciende los tribunales

Para Santa Clara, el caso no solo se trata de proteger beneficios financieros, sino de defender el principio de neutralidad gubernamental en la gestión pública. En palabras de LoPresti, “Los servidores públicos no deben temer perder sus beneficios por razones políticas. Su vocación de servicio no tiene partido”.

La decisión judicial podría sentar un precedente nacional sobre la independencia de los gobiernos locales frente a regulaciones federales ideologizadas, con efectos duraderos sobre miles de familias trabajadoras del condado.