En un mensaje contra las prácticas abusivas de cobro, el condado de Santa Clara anunció que Credit One Bank pagará 10.2 millones de dólares para resolver una demanda civil que lo acusaba de realizar llamadas telefónicas acosadoras a consumidores con deudas pendientes.

El acuerdo, confirmado por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara, marca una de las sanciones más significativas recientes en California relacionadas con prácticas de cobro indebidas. Más allá de la cifra, el caso envía una señal clara: deber dinero no significa perder el derecho a la dignidad.

Llamadas repetitivas e “irrazonables”

Según la investigación, el Banco mantenía una política que permitía a sus proveedores realizar hasta ocho llamadas diarias a personas con cuentas de tarjetas de crédito vencidas, con la posibilidad de sumar dos llamadas adicionales bajo ciertas circunstancias.

En California, realizar llamadas repetitivas y desproporcionadas con el objetivo de presionar el pago de una deuda constituye acoso y es ilegal.

“Bombardear a los consumidores con llamadas por deudas es ilegal”, declaró el fiscal de distrito Jeff Rosen en un comunicado oficial. “Las personas pueden deber dinero, pero las empresas les deben a sus clientes un trato razonable y considerado”.

Para muchas familias trabajadoras —incluida una gran parte de la comunidad latina— las deudas de tarjetas de crédito aumentaron en los últimos años debido al alto costo de vida, gastos médicos y pérdida de empleo. En ese contexto, recibir múltiples llamadas al día puede convertirse en una fuente adicional de estrés, ansiedad y presión emocional.

Un esfuerzo conjunto en todo el estado

El caso fue investigado y procesado por la California Debt Collection Task Force, un equipo estatal integrado por las fiscalías de los condados de Santa Clara, San Diego, Los Ángeles y Riverside. La sentencia fue dictada en el Tribunal Superior del Condado de Riverside.

Como parte del fallo, Credit One Bank deberá pagar 9 millones de dólares en sanciones civiles y 1.2 millones para cubrir los costos de la investigación. Además, el tribunal ordenó que la entidad y sus agentes implementen nuevas políticas y procedimientos para prevenir llamadas de cobro irrazonables y acosadoras en el futuro.

Esto significa que el banco no solo paga una multa, sino que estará obligado a modificar sus prácticas internas y supervisar a los proveedores externos que realizan las llamadas.

Un problema que afecta a miles

Aunque el caso se centra en una institución específica, expertos en protección al consumidor advierten que las quejas por acoso en cobros no son aisladas. En momentos de inflación y aumento del endeudamiento, muchas compañías intensifican la presión para recuperar pagos atrasados.

Para trabajadores que cumplen largas jornadas, recibir múltiples llamadas durante el día puede poner en riesgo su empleo. Otros reportan que las llamadas constantes afectan su salud mental y su vida familiar.

La ley californiana protege a los consumidores contra este tipo de prácticas. Las empresas pueden intentar cobrar una deuda legítima, pero deben hacerlo dentro de límites razonables y respetando normas claras de conducta.

La importancia de conocer sus derechos

El caso subraya la necesidad de que los consumidores conozcan sus derechos. En California, las agencias de cobro no pueden hostigar, amenazar ni llamar de forma excesiva. Tampoco pueden usar lenguaje abusivo o contactar a personas en horarios inapropiados.

Si un consumidor considera que está siendo acosado, puede presentar una queja ante la fiscalía local o buscar asesoría legal. La multa impuesta a Credit One demuestra que las autoridades están dispuestas a actuar cuando se violan estas normas.

Un mensaje a la industria financiera

Más allá del impacto inmediato, la sanción envía un mensaje claro a la industria financiera: las prácticas agresivas de cobro pueden resultar costosas.

Las autoridades recalcaron que el objetivo no es impedir que las empresas recuperen deudas legítimas, sino asegurar que lo hagan respetando la ley.

El fallo también pone el foco en la responsabilidad de las compañías sobre las acciones de sus proveedores externos. No basta con delegar el trabajo de cobro; las empresas deben garantizar que quienes actúan en su nombre cumplan las regulaciones.

Contexto económico y vulnerabilidad

En el Área de la Bahía, donde el costo de vida es uno de los más altos del país, muchas familias recurren a tarjetas de crédito para cubrir necesidades básicas. Cuando los pagos se retrasan, el interés acumulado puede convertir una deuda manejable en una carga difícil de superar.

Para la comunidad latina, que en muchos casos enfrenta brechas salariales y menos acceso a asesoría financiera, este tipo de prácticas puede tener un impacto desproporcionado.

La multa contra Credit One no elimina las deudas existentes, pero refuerza un principio clave: la recuperación de dinero no puede hacerse a costa de la tranquilidad y la dignidad de las personas.

Lo que sigue

Con el acuerdo ya aprobado por el tribunal, Credit One deberá ajustar sus protocolos internos y someterse a las condiciones impuestas por la corte. Las autoridades no descartaron continuar monitoreando el cumplimiento. Para los defensores del consumidor, el caso representa un precedente importante. En tiempos en que las dificultades económicas afectan a miles de hogares, el respeto a los límites legales en el cobro de deudas es más relevante que nunca.