La sala del Consejo de Supervisores del Condado se llenó de voces, aplausos y también de temores. El voto unánime de los supervisores para coordinar una respuesta regional frente a las redadas de ICE no fue solo un trámite político: para cientos de familias inmigrantes que viven con la angustia diaria de una detención, se trata de una promesa de protección y dignidad.

El plan busca reorganizar personal del condado y fortalecer la Red de Respuesta Rápida, que ya despliega abogados y voluntarios para observar detenciones y acompañar a las familias afectadas. Desde diciembre, Santa Clara ha invertido $13 millones en defensa legal contra deportaciones, muy por encima de lo destinado por otros condados vecinos.

Para la supervisora Betty Duong, la medida responde a un deber moral: “Sabemos que cuando ocurren redadas, las comunidades entran en caos: familias se rompen, niños quedan separados. Con este plan buscamos anticiparnos, coordinarnos con otros condados y reducir el daño humano”, explicó.

En el mismo sentido, su colega Sylvia Arenas, coautora de la propuesta, destacó el carácter histórico de la decisión: “Estoy sirviendo a mi gobierno local de una manera que me enorgullece, y de una forma que cambiará las reglas y las políticas para comunidades y generaciones por venir”.

Las historias personales ponen rostro al debate. Organizaciones como SIREN y Amigos de Guadalupe relataron casos de familias que, tras una redada, quedaron sin ingresos de la noche a la mañana o con niños traumatizados por presenciar la detención de sus padres. Para Huy Tran, director de SIREN, la coordinación regional es clave: “Los operativos en una ciudad terminan afectando a toda el área. Para estar lo más seguros posible, debemos trabajar juntos como región”.

Pero también hubo voces críticas. Algunos ciudadanos advirtieron que el condado podría exponerse a represalias federales. Una mujer identificada como Alice pidió a los inmigrantes “autodeportarse” para buscar un ingreso legal en el futuro. La mayoría en la sala, sin embargo, rechazó esa postura.

El condado enfrenta un déficit estructural y la amenaza de perder $4.4 mil millones en ingresos federales en cinco años, lo que limita nuevas inversiones. Sin embargo, líderes locales insisten en que el compromiso actual no implica más gasto inmediato, sino mejor coordinación y supervisión.

En paralelo, en San José se debate una ordenanza para que todo agente –incluidos los de inmigración– actúe sin máscaras y con identificación visible, en respuesta a reportes de ICE operando encubierto o incluso de personas que se hacen pasar por agentes para intimidar a la comunidad.

La tensión entre Washington y los condados de la Bahía promete seguir escalando, pero en Santa Clara el mensaje quedó claro: más allá de la política, está la vida de miles de familias. “Sin estabilidad, las personas caen en ciclos de crisis. Con apoyo, podemos mantener unidas a nuestras comunidades”, recordó Duong.