La política migratoria de Estados Unidos ha dado un giro drástico tras la implementación de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, incrementando significativamente las detenciones y deportaciones de inmigrantes. Estas medidas han generado una crisis humanitaria, con denuncias de abusos en los centros de detención y un clima de incertidumbre entre las comunidades migrantes. Activistas y abogados en diferentes partes del país, especialmente en California, han alzado la voz para denunciar las injusticias y exigir respeto a los derechos humanos de los inmigrantes.

También en San Francisco, junto con otras ciudades y condados de EE.UU., han presentado una demanda en el Distrito Norte de California contra la administración de Donald Trump buscando declarar ilegales las medidas del gobierno federal que castigan a las llamadas “ciudades refugio”, argumentando que son inconstitucionales.

La acción legal responde a órdenes del gobierno de Trump para investigar y procesar a funcionarios que desafíen las políticas federales de inmigración. Además, el presidente firmó una orden ejecutiva el 20 de enero amenazando con retirar fondos federales, que ascenderían a 3.100 millones de dólares anuales a estas jurisdicciones, por no cooperar con el ICE en detenciones y deportaciones.

El Departamento de Justicia ha emitido memorandos reforzando su postura, argumentando que las políticas de las ciudades refugio ponen en riesgo la seguridad pública.

Aumento de detenciones y deportaciones

Según reportes oficiales, diariamente se detienen a más de 200,000 personas, y en las últimas semanas, 8,000 han sido deportadas a diversos países de Sudamérica y Centroamérica. Sin embargo, se ha registrado un aumento en la detención de inmigrantes provenientes de India, China y Rusia.

Este alarmante aumento en las deportaciones ha afectado no solo a ciudadanos latinoamericanos, sino también a inmigrantes de India, China y Rusia, según datos de ICE. Lo grave es que en las deportaciones masivas que se están dando, muchas de las personas no han cometido ningún delito.

La activista y directora de Latino Advocacy, Maru Mora Villalpando, ha denunciado al ICE por las malas condiciones que tienen los centros donde están detenidos los inmigrantes. Ella levanta su voz contra la infraestructura con que cuentan por considerarla inhumanas, carentes de higiene, no se cuenta con atenciones médicas y los servicios de alimentación son alarmantes. Mora recordó que a lo largo del año pasado se han registrado 14 huelgas de hambre en los centros de detención exigiendo mejoras en la atención de los centros de detención.

La lucha legal por los derechos de los inmigrantes

Los abogados especializados en migración han reiterado que los inmigrantes en EE.UU. tienen protecciones legales, a pesar de las órdenes ejecutivas. Amanda Alvarado Ford, abogada del Immigration Institute of the Bay Area, pidió a todas las personas no entrar en pánico, sino que mantenerse informados de todos sus derechos.

 “Toda persona tiene el derecho a guardar silencio y solicitar un abogado antes de responder a los agentes de inmigración “, recordó.

Oscar Sarabia Román, abogado del proyecto de Derechos de los Inmigrantes del ACLU, explicó que las políticas de deportación actuales son injustas y perjudiciales, y que es esencial defender los derechos de los inmigrantes para garantizar su seguridad y bienestar en EE.UU.

Su opinión crítica se centra en varios puntos clave como que los inmigrantes tienen derechos constitucionales que deben ser respetados, incluyendo el derecho a permanecer en silencio y a no ser objeto de registros ilegales.

Él argumenta que las políticas actuales, que facilitan las deportaciones masivas y la eliminación del asilo, son un ataque directo a las comunidades inmigrantes. Estas políticas no solo ignoran las protecciones legales establecidas por el Congreso, sino que también ponen en riesgo la vida de muchas personas que buscan refugio en EE.UU.

Sarabia señala que las deportaciones afectan a los inmigrantes que ya están integrados en sus comunidades, contribuyendo a un clima de miedo y desconfianza. Esto puede llevar a que las personas eviten buscar servicios esenciales, como atención médica y educación, lo que a su vez perjudica a toda la comunidad.

El ACLU, bajo su dirección, está involucrado en demandas para frenar estas políticas, argumentando que son ilegales y perjudiciales. Sarabia destaca la importancia de luchar contra estas directivas para proteger los derechos de los inmigrantes y asegurar que se respeten las leyes existentes.

Impacto en la comunidad educativa

Viridiana Carrizales, especialista en derechos de los inmigrantes, comparte una perspectiva preocupante sobre la situación que enfrentan los inmigrantes, especialmente en el contexto escolar.

Carrizales destaca que las políticas de inmigración y las redadas han creado un ambiente de miedo entre los padres inmigrantes, quienes ahora se cuestionan si deben enviar a sus hijos a la escuela. Este temor ha llevado a algunos a retirar a sus hijos de las instituciones educativas, lo que es alarmante y perjudicial para la comunidad en general.

Ella enfatiza que todos los niños en EE.UU., independientemente de su estatus migratorio, tienen el derecho legal de asistir a la escuela. Esto se basa en una decisión de la Corte Suprema de 1982 que garantiza la educación a todos los niños. Carrizales, fundadora de ImmSchools, trabaja para informar tanto a educadores como a familias sobre estos derechos, asegurando que los estudiantes no sientan miedo en un lugar que debería ser seguro.

Carrizales comparte su experiencia personal como estudiante indocumentada, lo que la motiva a luchar por un cambio en las experiencias de otros estudiantes. Ella fundó una organización con el propósito de mejorar las condiciones educativas para los niños inmigrantes, asegurando que no enfrenten el mismo temor que ella vivió.

También señala que, si los niños no asisten a la escuela, todos en la comunidad pierden. Esto subraya la importancia de mantener a los niños en el sistema educativo para el bienestar colectivo.

Finalmente, ratificó Viridiana Carrizales que las políticas de inmigración actuales están causando un daño significativo a las comunidades inmigrantes, especialmente a los niños, y que es crucial defender sus derechos y garantizar un ambiente seguro en las escuelas.

Alzar la voz por los inmigrantes

Mientras las políticas migratorias de la administración Trump continúan generando crisis y separación familiar, los defensores de los derechos humanos siguen alzando la voz para proteger a las comunidades más vulnerables. La información, la movilización y la defensa legal son ahora más esenciales que nunca para garantizar un trato digno y justo a los inmigrantes en Estados Unidos.