El fiscal de distrito del Condado de Santa Clara, Jeff Rosen, pintó un panorama sombrío ante el déficit presupuestario de $470 millones que enfrenta el condado y que, según dijo, obligará a su oficina a realizar recortes “sin precedentes”.

Durante su mensaje, Rosen no se limitó a cifras. Apeló a la conciencia de los líderes presentes y planteó preguntas que resonaron en la sala:

“Si tuviera que calcularlo en dólares, ¿cuánto vale la vida de una víctima de violencia doméstica en el condado de Santa Clara?”, preguntó.

Luego fue más contundente: “La seguridad pública cuesta dinero. La justicia es cara. El dinero es finito. Hay menos dinero. Y, por lo tanto, habrá menos justicia. Por favor, escuchen atentamente: habrá menos seguridad”.

La frase no fue retórica. Fue un mensaje político directo a la Junta de Supervisores, con quienes Rosen ha mantenido tensiones en los últimos años por la asignación de recursos.

Un déficit que amenaza programas clave

El condado enfrenta un déficit estructural que obligará a recortes en prácticamente todos los departamentos. Pero Rosen advirtió que en su oficina el impacto será tangible y, en sus palabras, incluso “nefasto”.

Entre los programas que podrían verse gravemente afectados mencionó:

  • El programa de recompra de armas.
  • Los tribunales colaborativos de salud mental y drogas.
  • Servicios para víctimas de violencia doméstica.
  • Recursos especializados para casos de agresión sexual.

Estos programas no solo persiguen condenas; también buscan prevención, rehabilitación y acompañamiento a víctimas. En un condado con profundas desigualdades económicas y sociales, su reducción podría afectar de manera desproporcionada a comunidades vulnerables, incluyendo la comunidad latina.

Rosen no detalló aún cuántos puestos se eliminarían, pero advirtió que los despidos serían históricos para su oficina.

Más presupuesto… pero menos personal

Para el año fiscal en curso, los supervisores aprobaron una asignación neta de $185 millones para la Fiscalía, un aumento frente a los $177 millones del año anterior. Sin embargo, los documentos presupuestarios muestran una tendencia descendente en el personal proyectado: de 672 empleados en 2024 a 660 en 2025 y 645 este año.

Es decir, aunque el presupuesto creció nominalmente, la estructura operativa se está reduciendo.

En contraste, la Defensoría Pública —que representa a residentes pobres e indigentes— cuenta con una asignación neta de $90 millones este año fiscal, menos de la mitad que la Fiscalía. Además, sufrió un recorte adicional de 10 puestos tras la actualización presupuestaria de mitad de año.

El defensor público Damon Silver expresó confianza en que la seguridad y la justicia seguirán siendo prioridad.

“Confío en que la justicia y la seguridad pública son una prioridad absoluta para nuestra junta de supervisores, y aun cuando se enfrentan a decisiones presupuestarias difíciles, seguirán invirtiendo para garantizar que el sistema judicial penal ofrezca resultados justos y beneficie a todas las comunidades”, declaró Silver. “Es sensato tanto desde el punto de vista moral como fiscal”.

Casos emblemáticos en riesgo

Rosen defendió la importancia de mantener recursos suficientes destacando logros recientes de su equipo.

Mencionó a la fiscal Rachel Westcoat, asignada a casos de violencia doméstica, quien obtuvo un veredicto de culpabilidad pese a que la víctima se negó a testificar en el juicio. También resaltó que el equipo especializado en agresión sexual realizó un récord de 42 juicios con jurado el año pasado, con una tasa de condenas superior al 90%.

Uno de los momentos más emotivos del discurso fue cuando recordó la condena por homicidio en un caso de violencia doméstica que involucró a la artista drag Natalia Smüt Lopez, de 24 años, asesinada en 2021. El acusado fue sentenciado a entre 15 años y cadena perpetua.

“¿Cuánto valió la vida de Natalia López?”, preguntó Rosen, mientras la familia observaba desde el público.

Para el fiscal, estos resultados son prueba de que la inversión en su oficina tiene consecuencias reales en la seguridad comunitaria. Y advirtió que con menos fiscales y menos recursos, casos complejos podrían tardar más en procesarse o incluso no llegar a juicio con la misma contundencia.

Un conflicto de fondo: prioridades del condado

La tensión entre Rosen y la Junta de Supervisores no es nueva. En los últimos años, el condado impulsó un aumento de cinco octavos de centavo en el impuesto sobre las ventas para proteger su sistema hospitalario público —actualmente el segundo más grande del norte de California— frente a recortes federales.

Rosen respaldó la medida después de asegurar que su departamento recibiría parte de los aproximadamente $330 millones en ingresos adicionales. Sin embargo, el ejecutivo del condado, James Williams, anunció su intención de recomendar que los fondos se destinaran íntegramente al sistema hospitalario, lo que llevó a Rosen a amenazar públicamente con una investigación.

Durante su discurso, el fiscal insistió en que no se trata de rivalidades internas.

“¿Somos mejores que otros empleados del condado? No. Claro que no. Todos los servidores públicos tienen mi respeto y admiración”, afirmó. “Pero estas son decisiones financieras objetivas con consecuencias reales. Creo que todos deberíamos considerar las consecuencias al tomar estas decisiones”.

Rosen fue más lejos al afirmar: “Ninguna de las comodidades del condado de Santa Clara —parques, piscinas, escuelas, carreteras, alcantarillado y hospitales— vale un dólar si sus habitantes no están a salvo de la delincuencia”.

La frase encapsula su postura: la seguridad pública debe ser el pilar sobre el cual se sostienen todos los demás servicios.

¿Qué está en juego para la comunidad?

Más allá del pulso político, la pregunta clave es cómo impactarán los recortes en la vida cotidiana de los residentes.

Si se reducen los recursos para procesar casos de violencia doméstica, agresión sexual o delitos graves, las víctimas podrían enfrentar retrasos prolongados. Si disminuyen los tribunales colaborativos de salud mental y drogas, podrían aumentar los reincidentes en el sistema tradicional. Si se debilitan programas preventivos como la recompra de armas, el riesgo podría trasladarse a las calles.

Rosen lo expresó sin dramatismos innecesarios: “¿Saldrá la gente herida?, ¿Quedarán libres los criminales? No lo sé. No se necesita exageración. Lo que se necesita es un análisis lúcido de lo que esta comunidad quiere y necesita”.

El Condado de Santa Clara se encuentra ante una encrucijada. Por un lado, enfrenta presiones financieras reales y crecientes. Por otro, debe decidir cuánto está dispuesto a invertir en el sistema de justicia penal.