El rostro no es nuevo, pero el reto sí lo es. Damon Silver, quien durante meses encabezó de manera interina la Oficina del Defensor Público del Condado de Santa Clara, fue confirmado oficialmente en el cargo en diciembre pasado, en un contexto que muchos describen como un punto de inflexión histórico para el sistema de justicia penal en Silicon Valley.

Silver hereda el puesto de Molly O’Neal en medio de profundas tensiones sociales: una brecha de riqueza que, según economistas, ha escalado a niveles de “inestabilidad y revuelta”; un debate político cada vez más duro sobre el castigo a delitos menores; cárceles del condado bajo supervisión federal por condiciones inhumanas; y ahora, una crisis presupuestaria sin precedentes que amenaza servicios esenciales para las poblaciones más vulnerables.

“Creo que estamos en un momento realmente decisivo por varias razones”, dijo Silver durante una entrevista periodística.

Tres décadas de experiencia

Silver no es ajeno a los pasillos de los tribunales del condado. Ha sido defensor público durante 30 años, la mayor parte de ellos en Santa Clara, donde litigó desde casos de bajo nivel hasta homicidios. En 2016 fue nombrado jefe adjunto de juicios, en 2017 defensor público asistente, y desde entonces impulsó transformaciones internas que hoy definen a la oficina.

Entre sus aportes destacan la creación de abogados de alcance comunitario, un equipo de revisión post-condena, y varias iniciativas de equidad racial, incluyendo el lanzamiento del primer abogado dedicado a la Ley de Justicia Racial dentro de la oficina.

Justicia restaurativa

Silver asume el cargo con el respaldo del Consejo de Supervisores del Condado, que ha manifestado públicamente su apoyo a modelos de justicia restaurativa, un enfoque que prioriza la rehabilitación y la dignidad humana por encima del castigo severo.

Ese respaldo, según Silver, se extiende a la administración del condado y a organizaciones comunitarias como la NAACP de San José/Silicon Valley, La Raza Roundtable, el Black Leadership Kitchen Cabinet y Silicon Valley De-Bug.

Incluso encontró palabras de colaboración en la Fiscalía del Condado.

“El sistema está diseñado para que peleemos duro en los tribunales”, dijo el fiscal de distrito Jeff Rosen al felicitar a Silver. “Pero fuera de la corte, podemos y debemos trabajar juntos para que el sistema de justicia sea el mejor y más justo posible”.

La postura de Rosen no siempre ha coincidido con la de otros líderes locales. El fiscal se negó a respaldar la Proposición 36, aprobada por los votantes el año pasado y que endurece las penas por delitos menores como el hurto. También ha generado controversia por buscar revertir y resentenciar más de una docena de condenas a muerte dictadas en el condado.

Visión diferente

El contraste más marcado surge con el alcalde de San José, Matt Mahan, uno de los principales impulsores de la Proposición 36. Aunque Silver evitó mencionarlo directamente, sí criticó el enfoque que, a su juicio, utiliza crímenes aislados y trágicos para justificar políticas “reaccionarias”.

“La seguridad pública se logra cuando tratamos a las personas con humanidad y atendemos sus necesidades”, afirmó Silver. “La cárcel no es un entorno terapéutico, y no puede convertirse en un sustituto de los servicios de salud mental”.

Sus declaraciones llegan en un momento en que las cárceles del condado, administradas por la oficina del sheriff, siguen bajo decretos federales de consentimiento, con monitores que han señalado lentos avances para corregir condiciones inhumanas, mientras cientos de personas de bajos recursos esperan sus audiencias tras las rejas.

Sin presupuesto

Pero el desafío que más preocupa al nuevo defensor público no es ideológico, sino financiero.

El Condado de Santa Clara enfrenta un déficit estructural de 100 millones de dólares, agravado este año por la aprobación federal del paquete de gastos conocido como el “One Big Beautiful Bill”, firmado en julio por el presidente Donald Trump. La medida podría traducirse en pérdidas de hasta mil millones de dólares anuales, obligando a recortes severos en programas sociales.

Las consecuencias ya se sienten en la oficina de Silver. Programas reconocidos a nivel nacional —como los equipos de defensores que brindan asesoría legal en campamentos de personas sin hogar o que evitan que personas con problemas de salud mental y adicciones permanezcan encarceladas antes de juicio— están ahora en riesgo de desaparecer.

“En mis 30 años en la defensa criminal, nunca hemos visto algo así”, advirtió Silver. “Estamos enfrentando un desafío monumental”.

Un liderazgo bajo presión

La llegada definitiva de Damon Silver al frente de la Defensoría Pública ocurre cuando Silicon Valley debate qué significa realmente la seguridad pública: castigar más o invertir en soluciones humanas; ampliar cárceles o fortalecer servicios sociales; reaccionar al miedo o atender las causas estructurales del delito.

Con una carrera marcada por la defensa de los más vulnerables y una crisis presupuestaria que amenaza ese trabajo, Silver inicia su gestión en uno de los momentos más complejos —y decisivos— para la justicia penal del Condado de Santa Clara.