La medida podría reducir ingresos hasta en 7 dólares por hora y reabre el debate sobre derechos laborales y el futuro del programa H-2A

Los trabajadores agrícolas temporales en Silicon Valley enfrentan una nueva amenaza a su estabilidad económica tras la implementación de cambios federales que reducen sus salarios. La medida ha generado una fuerte reacción entre legisladores, defensores laborales y autoridades locales, quienes advierten sobre sus impactos en una de las poblaciones más vulnerables del sector agrícola.

La congresista Zoe Lofgren presentó una resolución para bloquear la reducción salarial impulsada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Según denuncian organizaciones como la Fundación de Trabajadores Agrícolas Unidos, las nuevas normas permiten disminuir los salarios de los trabajadores con visa H-2A hasta en 7 dólares por hora, dependiendo del estado.

Este cambio normativo se produjo antes de que se completara el período obligatorio de comentarios públicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre su legalidad. Para los defensores de los trabajadores, la medida no solo reduce los ingresos de los trabajadores extranjeros, sino que también ejerce presión a la baja sobre los salarios de los trabajadores agrícolas nacionales.

Daniel Larios, portavoz de la fundación, fue contundente al respecto: los trabajadores que sostienen la cadena alimentaria del país no pueden sobrevivir con salarios recortados. Según señaló, esta política representa una transferencia masiva de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores.

La controversia también ha escalado al ámbito judicial. La organización United Farm Workers, junto con su fundación hermana, ha presentado una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, y actualmente esperan el fallo de un juez federal que podría definir el futuro de esta normativa.

El impacto de estos cambios es particularmente significativo en California, donde el uso del programa H-2A ha crecido de manera exponencial. De acuerdo con un informe de la Universidad de California, Davis, el condado de Santa Clara pasó de no registrar certificaciones de visas H-2A en el 2013 a 513 registros en el 2023. A nivel estatal, el incremento supera el 800% en la última década, mientras que a nivel nacional se certificaron cerca de 400 mil visas en 2025.

El programa H-2A, creado en 1986, permite a los empleadores agrícolas contratar trabajadores extranjeros de manera temporal, siempre que demuestren la falta de mano de obra local. Entre sus requisitos, se incluye la provisión de vivienda y transporte para los trabajadores, así como el pago de salarios superiores al mínimo estatal para evitar competencia desleal.

Sin embargo, los cambios recientes alteran este equilibrio. En California, los empleadores estaban obligados a pagar aproximadamente 19,97 dólares por hora. Con la nueva metodología, que permite deducir costos como la vivienda, el salario efectivo puede reducirse hasta el mínimo estatal de 16,90 dólares por hora.

Para algunos sectores, la medida representa un alivio económico. El congresista republicano Dan Newhouse ha defendido la decisión, argumentando que permitirá a los agricultores enfrentar los crecientes costos laborales y mantener la competitividad del sector. Según estimaciones, los empleadores podrían ahorrar hasta 2.500 millones de dólares anuales.

“El problema no es solo económico, sino humano”, sostienen los defensores. Los trabajadores con visa H-2A dependen exclusivamente de sus empleadores para mantener su estatus migratorio, lo que los coloca en una posición de vulnerabilidad extrema. Denuncias previas han documentado casos de robo de salarios, condiciones de vivienda inadecuadas e incluso abusos.

Paradójicamente, los pequeños agricultores no suelen beneficiarse del programa H-2A debido a sus altos costos administrativos. Esto limita su acceso a mano de obra y refuerza las desigualdades dentro del propio sector agrícola.

En medio de esta crisis, Lofgren ha retomado su impulso por una reforma integral del sistema. Su propuesta, conocida como la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, busca mejorar las condiciones laborales y crear un camino hacia la ciudadanía para trabajadores agrícolas, tanto documentados como indocumentados.

El proyecto fue presentado inicialmente en 2019 y nuevamente en 2021, logrando aprobación en la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista. Sin embargo, no avanzó en el Senado. La legisladora lo reintrodujo el año pasado, y actualmente se encuentra en revisión en el Comité Judicial.

Para Lofgren, la urgencia es clara: garantizar la estabilidad del sector agrícola y proteger el suministro de alimentos del país. Según afirmó, cualquier reforma del programa H-2A debe ser producto de un proceso transparente y consensuado, no de decisiones unilaterales.

El debate, en última instancia, refleja una tensión estructural entre la necesidad de mantener la viabilidad económica de la agricultura y la obligación de garantizar condiciones dignas para quienes trabajan en ella. Mientras los empleadores buscan reducir costos en un contexto de inflación y competencia global, los trabajadores enfrentan el riesgo de ver deterioradas aún más sus condiciones de vida.

Lo que está en juego va más allá de cifras y regulaciones: es el futuro de un sistema que sostiene la producción alimentaria de Estados Unidos y la dignidad de quienes lo hacen posible. La decisión que tome la justicia federal y el rumbo que adopte el Congreso serán determinantes para definir ese equilibrio.