La escena se repite cada madrugada en distintos puntos de San José. Un equipo municipal llega acompañado por agentes policiales. En pocos minutos desaparecen carpas, colchones, bicicletas, ropa, documentos y los pocos objetos que una persona ha logrado conservar tras años viviendo en la calle. Lo que para muchos vecinos representa la recuperación de un parque, una acera o un sendero, para quienes sobreviven sin un techo significa perder nuevamente el único lugar que podían llamar hogar.

Dos años después del histórico fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso City of Grants Pass v. Johnson, San José se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de cómo las ciudades están utilizando las nuevas facultades legales para restringir la presencia de personas sin hogar en espacios públicos. La decisión judicial estableció que hacer cumplir ordenanzas que prohíben acampar o dormir en propiedades públicas no constituye, por sí mismo, un castigo cruel e inusual prohibido por la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense.

La resolución modificó el panorama jurídico que durante años limitó la capacidad de los gobiernos locales para sancionar a personas que dormían en la vía pública cuando no existían suficientes camas en refugios.

Desde entonces, San José ha acelerado una serie de medidas impulsadas por la administración del alcalde Matt Mahan. Entre ellas destacan la ampliación de las restricciones para dormir en aceras del centro, el desalojo de numerosos campamentos, la creación de “zonas de no retorno”, limitaciones al estacionamiento de vehículos recreativos utilizados como vivienda y una política que contempla arrestos por allanamiento cuando una persona rechaza reiteradas ofertas de refugio.

Para muchos residentes y comerciantes, estas acciones han significado una recuperación de espacios públicos que durante años permanecieron ocupados por campamentos improvisados.

Vecinos aseguran sentirse más seguros al caminar por senderos cercanos a los arroyos, mientras empresarios afirman que disminuyeron los incidentes que afectaban a clientes y trabajadores. La percepción de mayor orden urbano es, sin duda, uno de los principales argumentos de quienes respaldan la estrategia municipal.

APARENTE RECUPERACIÓN

Detrás de esa aparente recuperación del espacio público existe otra realidad, la de miles de personas que continúan sin una vivienda permanente. La diferencia es que ahora son más difíciles de encontrar.

Organizaciones comunitarias dedicadas a brindar alimentos, ropa, atención médica y orientación aseguran que los desalojos constantes han dispersado a la población sin hogar por distintos sectores de la ciudad. Muchas personas cambian de ubicación a los pocos días para evitar multas, decomisos o nuevas intervenciones municipales.

Lo que antes eran campamentos relativamente estables, donde voluntarios podían localizar fácilmente a quienes necesitaban ayuda, hoy se ha convertido en una población itinerante que vive en permanente incertidumbre.

Las consecuencias trascienden la pérdida física de una carpa.

Cuando un campamento es desmantelado desaparecen medicamentos, documentos de identidad, teléfonos celulares, fotografías familiares, certificados médicos, ropa de invierno y herramientas de trabajo. Recuperar esos bienes resulta casi imposible para personas que ya enfrentan enormes dificultades económicas.

SIN REDES DE APOYO

En los campamentos suelen formarse pequeñas comunidades donde los residentes comparten alimentos, cuidan pertenencias, alertan sobre emergencias médicas y protegen a personas mayores o con discapacidades.

Cuando esas comunidades son dispersadas, muchas personas vuelven a enfrentar la calle completamente solas.

Especialistas en salud mental advierten que la incertidumbre permanente incrementa los niveles de ansiedad, depresión y estrés postraumático en una población que, en muchos casos, ya vive con enfermedades mentales o problemas de adicción.

El temor constante a perder las pocas pertenencias disponibles hace que muchas personas rechacen acudir temporalmente a citas médicas o entrevistas laborales por miedo a que, durante su ausencia, sus pertenencias desaparezcan.

Paradójicamente, las mismas políticas diseñadas para conectar a las personas con servicios sociales pueden terminar alejándolas de ellos.

Diversas organizaciones que trabajan con población vulnerable sostienen que resulta mucho más difícil localizar a quienes necesitan tratamiento médico, apoyo psicológico o asistencia para acceder a una vivienda cuando son desplazados continuamente.

Los defensores de estas políticas responden que la ciudad no solo está haciendo cumplir la ley, sino que también está ampliando significativamente la oferta de refugios temporales.

La administración municipal sostiene que San José ha incorporado más de mil nuevas camas mediante la apertura y ampliación de diversos centros de alojamiento y que el objetivo consiste en combinar responsabilidad con compasión, ofreciendo alternativas antes de aplicar medidas coercitivas.

AUMENTAN PERSONAS SIN HOGAR

Defensores legales de las personas sin hogar sostienen que, aunque la ciudad ha aumentado su capacidad, la cantidad de personas que necesitan alojamiento continúa siendo superior a la disponibilidad existente. Además, no todos los refugios responden a las necesidades particulares de quienes viven en la calle.

Algunas personas padecen enfermedades mentales que dificultan convivir en espacios colectivos. Otras tienen mascotas, parejas o pertenencias que no pueden ingresar a determinados albergues. También existen adultos mayores y personas con discapacidad para quienes los refugios tradicionales representan un entorno poco adecuado.

En esos casos, rechazar un refugio no siempre significa rechazar ayuda. Significa que la ayuda disponible no responde a la realidad individual de cada persona.

De acuerdo con organizaciones especializadas en derechos de las personas sin hogar, cientos de ciudades y más de una decena de estados han aprobado nuevas ordenanzas o endurecido las existentes desde la decisión judicial, utilizando multas, citaciones, arrestos y desalojos como herramientas para controlar los campamentos.

Diversos estudios sostienen que las sanciones económicas recaen precisamente sobre personas que no tienen capacidad para pagarlas. Los antecedentes penales, incluso por infracciones menores, pueden dificultar posteriormente conseguir empleo, alquilar una vivienda o acceder a determinados programas sociales. Lo que significa que la aplicación de sanciones puede terminar prolongando la pobreza.

Cada operativo implica personal policial, trabajadores municipales, equipos de limpieza, transporte, almacenamiento de pertenencias y procedimientos administrativos.

Algunos especialistas sostienen que esos recursos podrían destinarse a programas de prevención, vivienda permanente y atención de salud mental, estrategias que han mostrado mejores resultados a largo plazo en distintas ciudades estadounidenses.

Sin embargo, tampoco puede ignorarse la preocupación de miles de residentes que durante años convivieron con campamentos instalados cerca de escuelas, parques, negocios y cursos de agua. Para ellos, la recuperación de estos espacios representa una mejora tangible en la calidad de vida, la seguridad y la actividad económica.

¿CÓMO SE ENFRENTA?

Mientras algunos consideran indispensable aplicar normas más estrictas para proteger los espacios públicos, otros sostienen que ninguna ciudad podrá resolver el problema únicamente mediante prohibiciones.

San José continúa buscando respuestas mientras intenta equilibrar la seguridad pública, la presión de los vecinos, las limitaciones presupuestarias y una crisis de vivienda que sigue creciendo.

Porque detrás de cada operativo, de cada campamento retirado y de cada nueva ordenanza existe una historia que pocas veces aparece en las estadísticas: la de una persona que no eligió vivir en la calle y que, además de perder un lugar para dormir, corre el riesgo de perder aquello que resulta más difícil de recuperar: la esperanza de volver a empezar.